La igualdad formal por sí sola no asegura que las mujeres logren ejercer sus derechos en toda su dimensión, y resulta clave fortalecer su autonomía económica y su presencia en los espacios de decisión para reducir de manera efectiva la brecha de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA recuerda que el reconocimiento de derechos legales, si bien fundamental, no es suficiente para lograr una igualdad real. Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta conmemoración pone en evidencia la persistente distancia entre la igualdad formal y la igualdad práctica que experimentan las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La autonomía económica como herramienta de empoderamiento
CODESPA subraya que la autonomía económica constituye un factor decisivo para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. El acceso a ingresos propios les permite participar en las decisiones de su hogar y su comunidad, además de reducir la dependencia estructural que muchas enfrentan. “La justicia para las mujeres no solo se escribe en las leyes; se construye cuando una mujer puede generar ingresos estables y participar en decisiones que afectan su entorno”, explican desde la organización.
Durante más de cuatro décadas, CODESPA ha llevado a cabo programas en 34 países de América Latina, África y Asia destinados a impulsar la autonomía económica de las mujeres. Estas acciones integran capacitación técnica y empresarial ajustada a cada realidad, facilitan el acceso a financiación o recursos productivos, ofrecen acompañamiento permanente en campo, colaboran con líderes comunitarios y fomentan la presencia femenina en espacios donde se toman decisiones.
Un elemento clave en estas estrategias consiste en impulsar y consolidar asociaciones de mujeres, espacios donde pueden distribuir riesgos, transmitir saberes y fortalecer su poder de negociación dentro de la comunidad. La meta va más allá de elevar sus ingresos y se orienta a expandir la autonomía de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su vida social.
Transformaciones tangibles en comunidades vulnerables
La experiencia en terreno evidencia que disponer de recursos y opciones de formación puede transformar profundamente la vida de las mujeres y de sus comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, una zona marcada por la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático, María Elisa tomó parte en un proyecto productivo impulsado por CODESPA. Al principio intervenía muy poco en las reuniones, pero después de recibir capacitación técnica y de integrarse durante tres años en espacios de gestión colectiva, su participación se afianzó. Con los ingresos obtenidos y la experiencia acumulada, hoy integra el comité de desarrollo local, donde contribuye activamente a las decisiones que afectan a su comunidad.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle contaban con habilidades artesanales heredadas de sus familias, pero carecían de acceso a mercados. A través de formación empresarial y acompañamiento, lograron profesionalizar sus productos, diversificar diseños y vender a través de canales digitales. La marca que hoy gestionan genera ingresos estables, ha incorporado a otras mujeres de la comunidad y ha contribuido a reducir la migración hacia las ciudades. Este caso demuestra que la autonomía económica fortalece la participación femenina en decisiones familiares y comunitarias, más allá del impacto financiero.
Los ejemplos evidencian un patrón consistente: cuando las mujeres logran ingresos propios y regulares, se fortalece su influencia en decisiones fundamentales. Su implicación en asociaciones, el acceso a información financiera y la interacción directa con clientes y proveedores amplían su presencia en ámbitos como la educación, las inversiones productivas y la dinámica comunitaria. CODESPA destaca que el empoderamiento económico constituye uno de los medios más efectivos para disminuir la dependencia estructural.
Hacia una igualdad real más allá del 8 de marzo
A pesar de los avances legales, ningún país ha cerrado por completo las brechas de género, según los principales organismos internacionales. Sin embargo, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta discusión necesita ampliarse: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es necesario promover políticas e inversiones que permitan a las mujeres generar ingresos propios y participar activamente en la toma de decisiones.
La organización enfatiza que la igualdad legal debe ir acompañada de estrategias sostenidas de inclusión económica. Solo así los derechos reconocidos sobre el papel se traducen en cambios tangibles y duraderos en la vida de las mujeres y niñas, reduciendo desigualdades históricas y fortaleciendo el desarrollo social y económico de sus comunidades.
El fortalecimiento de la autonomía económica, junto con la formación, el acceso a ingresos y la participación en la toma de decisiones, constituye la clave para transformar la igualdad formal en igualdad real. El Día Internacional de la Mujer sirve como recordatorio de que la lucha por los derechos de las mujeres requiere acciones concretas y sostenidas que vayan más allá del marco legal.
Las experiencias de Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha trabajado demuestran que los cambios son posibles cuando las mujeres cuentan con recursos, apoyo y espacios de decisión. La combinación de derechos legales, autonomía económica y participación activa marca la diferencia entre la igualdad teórica y la igualdad vivida en la práctica.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
